Los afectados por el amianto: una oportunidad de crear un fondo de compensación

Uno de los aspectos más difíciles de abordar cuando un trabajador desarrolla una enfermedad laboral, es el establecimiento de una compensación económica que pueda paliar los daños sufridos. Existen muchos ejemplos en este ámbito pero, quizá, uno de los casos más paradigmáticos tiene que ver con el amianto, sobre todo porque su complejidad está más que demostrada.  En este caso concreto, no hablamos de prevención sino de paliar los daños causados por la utilización de este material.

Hasta ahora, un gran número de estudios han demostrado que el tiempo de latencia entre la exposición y la aparición de la enfermedad es muy largo. Lo normal es que tenga una duración de entre 30 y 50 años en el caso del mesotelioma, la patología más grave relacionada con el amianto. Por otro lado, se estima que alrededor de un 20% de los casos aparecen en personas que no han tenido un contacto con este material en su lugar de trabajo pero que han podido desarrollar patologías como resultado de una exposición involuntaria a la contaminación ambiental.

A todo esto hay que sumar que en España el número de afectados tiende a aumentar con el paso del tiempo por las razones ya expuestas. De hecho, los datos de los registros muestran que entre 1977 y 2001 fallecieron en nuestro país 2.929 personas por mesotelioma.

Como resultado de esta situación, han sido varios los países que han optado por constituir fondos de compensación específicos para paliar los daños causados en las víctimas del amianto. Los casos más significativos los podemos encontrar en Francia, Bélgica y Holanda. Es allí donde se han creado sistemas que diferencian entre las patologías que consideran indemnizables, las cuantías de las indemnizaciones concedidas y las fórmulas de financiación.

A pesar de estos logros conseguidos en otros países europeos, en España aún queda mucho camino por recorrer en este sentido. Aún así, en algunas comunidades autónomas como la del País Vasco, más concretamente en OSALAN, hemos elaborado un estudio que en un futuro podría llevar al establecimiento de un fondo de compensación para las personas afectadas por el amianto. De hecho, de los 22.000 trabajadores que en España han estado expuestos a amianto en su trabajo, un 16,7% vive en el País Vasco. De esto se puede inferir que en un futuro se producirán solo en el quinquenio 2019-2023 unos 350 casos  de mesioteliomas.

Estas cifras nos permiten afirmar que estamos ante un problema social especialmente porque, aunque el 70% de las patologías son benignas y no generan incapacidad, el resto, como el mesotelioma, pueden ser consideradas de extrema gravedad.

De los tres fondos que ya están funcionando en Europa, el más incluyente en cuando a la aceptación de patologías indemnizables es el francés ya que el belga solo admite enfermedades cuya aparición se produce casi exclusivamente como consecuencia de una exposición al amianto y el holandés se limita a indemnizar a las más graves.

Métodos de financiación

Para dar el primer paso en la creación de un fondo en el País Vasco, se ha llevado a cabo una proyección del coste máximo que podría tener. Los resultados indican que el mínimo sería de 8 millones y el máximo de 32 en función del rango de patologías que se tenga intención de incluir. Ante esta posibilidad, han sido varios los expertos que recomiendan que nuestro país debería adoptar un sistema como el francés aunque limitado al mesotelioma y la asbestosis (ambas enfermedades están asociadas ineludiblemente al amianto). Además, el sistema debería permitir a los afectados decidir entre la opción de acudir al fondo o a la justicia civil.

En cuanto a la financiación, existen varias opciones. En primer lugar, habría que negociar la posibilidad de que cuando el fondo reconociese el derecho a la indemnización se llevase a cabo un reconocimiento automático de la enfermedad profesional, además del derecho a percibir la correspondiente pensión, cuyo importe podría deducirse de la indemnización a percibir.

En segundo lugar, debería considerarse la participación en la financiación del fondo de las empresas que causaron el problema y que actualmente están inmersas en un gran número de litigios por este motivo. En caso de que se opte por una negociación fondo-empresa se podrían alcanzar resultados mutuamente beneficiosos, especialmente porque el reconocimiento del origen profesional de la patología por parte del fondo atribuiría una importante presunción de culpabilidad a la empresa y, para ésta, litigar con el fondo no sería equivalente a hacerlo con un particular.

En caso de que finalmente esta iniciativa se pudiese hacer realidad, la forma de financiación más ventajosa para el trabajador sería la que contase con fondos públicos, especialmente destinados para las víctimas de exposiciones no laborales, aportaciones de las empresas que causaron el problema y de la Seguridad Social.

El camino para hacer este proyecto realidad puede ser largo, pero los datos y la situación en la que se encuentran muchas familias indican que es necesario establecer este tipo de fondos, sobre todo porque los afectados por el amianto necesitan ser compensados de manera justa y de acuerdo a la patología que han desarrollado.

Pilar Collantes Ibáñez
Directora General de OSALAN
Experta en Organización en el Trabajo