Las pequeñas empresas advierten de que ya no pueden aguantar más

Todos los datos arrojan una gran bajada en el volumen de edificación nueva, obligando a las empresas que tenían este nicho de negocio como único y principal, a entrar a formar parte de la oferta para los usuarios de pequeñas reformas a nivel doméstico. Menos demanda y más oferta de servicios han generado que en muchos de los casos las grandes empresas realicen bajadas temerarias, obligadas a mantener sus estructuras y que las pequeñas empresas bajen su actividad hasta límites que no permitan el mantenimiento en el tiempo de sus negocios.

La pasividad de la administración ante esta competencia desleal, en la que incluso llega a participar adjudicando contratos a empresas que incluyen las bajadas temerarias en su práctica habitual, deja a nuestros empresarios en situación de total indefensión.

Si unimos el elevado número de empresas no establecidas legalmente, que están operando en nuestro territorio, a las bajadas temerarias en licitaciones y presupuestos, tanto en obra pública como privada, el panorama es realmente desolador.

Además la administración evita la contratación directa con las empresas ejecutoras y lo hace adjudicando la obra general a grandes empresas de la construcción que no tienen ejecución directa y acuden a la subcontratación.

Las condiciones de precio y los plazos de pago son tan draconianos, que obligan a las empresas subcontratadas a buscar financiación, porque estas empresas hace tiempo que han agotado sus reservas y el fondo de maniobra, por lo que necesariamente tienen que solicitar un crédito, que en las circunstancias económicas actuales es imposible de conseguir.

Como consecuencia, no pueden pagar sus salarios, la seguridad social y anticipar el IVA, y esperar 120 o  180 días para que les liquiden sus facturas. Según la nueva ley de morosidad, el plazo máximo legal es de 90 días, pero las empresas contratistas ya han buscado el subterfugio de hacerlo el último día, mediante transferencia, cerrando la posibilidad de anticipar el cobro de pagarés. De esta forma, estas nuevas condiciones impuestas por la administración, se vuelven contra las pequeñas y medianas empresas.

Desigualdad de condiciones

Al mismo tiempo, la llegada de empresas de fuera que no compiten en las mismas condiciones que las empresas vizcaínas, pone en riesgo de desaparición empresas de una larga tradición en nuestro territorio histórico.

Muchas de estas empresas foráneas proceden de otros países de la unión europea, donde respetando las condiciones laborales de sus zonas de origen, no permiten a las empresas vizcaínas competir en precio, ya que las mejores condiciones laborales y de seguridad en el trabajo aquí exigibles, derivadas de los convenios colectivos de cumplimento obligatorio, no se aplican a sus trabajadores. Esto se traduce en jornadas laborales de 12 y hasta 14 horas diarias durante 6 o 7 días a la semana, salarios reducidos hasta el mínimo imaginable y medidas de prevención de riesgos laborales limitadas a su mínima expresión, aumentando el riesgo en un sector tan comprometido como el nuestro, y todo ello con el fin de garantizar la ejecución de los trabajos a unos precios imposibles de asumir por aquellas empresas cumplidoras de los requisitos legales mínimos necesarios. Ante este escenario, gran número de pequeñas empresas están considerado la estrategia de competir, incumpliendo muchas de sus obligaciones mínimas legalmente establecidas, ya que la incapacidad de la administración para sancionar a las empresas infractoras es evidente.

Por último, esta nueva situación está afectando también gravemente a los usuarios, que se encuentran ante un grave problema de indefensión, como consecuencia del desconocimiento de los requisitos mínimos que deben de solicitar a las empresas prestatarias, a la hora de contratar sus servicios.

Esto da lugar a que la realidad sea que gran parte de los servicios ejecutados no cumplen con unos parámetros mínimos de calidad y no cuentan con todas las exigencias legales mínimas exigibles. El problema se agrava aún más si tenemos en cuenta que, en caso de accidente laboral de alguno de los trabajadores, el responsable subsidiario es el contratista, es decir, en el caso de las pequeñas reformas domésticas, el usuario. Los tiempos de crisis son tiempos de cambios, pero hemos de procurar que el esfuerzo realizado en las últimas décadas por dignificar el trabajo de los gremios de la construcción no desaparezca en esta vorágine.

Asociación de Maestros