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By 29 octubre, 2014 Leer más →

“Es más grave la competencia desleal de las suministradoras que la de los pequeños ilegales”

¿Cómo está afectando la crisis a las empresas del sector en los últimos años?

El balance neto es la desaparición de 42 empresas en 2011, 251 en 2012 y la creación de 42 entidades en 2013, dejando a finales de 2013 un total de 1.426 empresas dadas de alta. Pero sólo fijarnos en esto sería tener una perspectiva un tanto reducida de lo que ha pasado en los últimos años. A estos datos hay que añadir una gran destrucción de empleo en 2011 y 2012, hecho este que ha supuesto que muchas de las entidades que en 2013 han comenzado a ejercer la actividad, vienen de la desaparición de las empresas grandes e históricas del sector que han cerrado en los años anteriores. Haciendo que cambie la tipología de empresas del sector. Otro dato a destacar, y que no aparece reflejado en estos números, es la gran cantidad de empresas que han cambiado su figura jurídica de Sociedad Limitada a autónomos, con la merma del sector que esto conlleva.

¿Se puede decir que las empresas que hayan resistido hasta el momento la crisis son las mejor preparadas para encarar un mejor futuro?

Esto es lo que en un primer momento parece que todos decíamos cuando nos llegó la crisis y atisbábamos como solución para que las empresas se mantuvieran vivas. No obstante habría que saber qué entendemos por “mejor preparadas”. Si es estar mejor gestionadas en cuanto a conceptos administrativos, de contabilidad, de gestión de clientes y todo lo relativo a asuntos internos, tengo mis dudas de que vayan a encarar mejor el futuro, aunque es innegable que van a ser más conscientes de su situación. Si mejor preparadas es tener mayor disposición para las necesidades del cliente, trabajar a precios más ajustados, asumir más riesgos en la contratación de trabajos, claramente puedo decir que van por donde el mercado les está marcando. Porque es esto último lo que en la mayoría de los casos impera para poder sobrevivir.

Pero sin pensar en un futuro, lo que sí ha hecho que las empresas sigan vivas a día de hoy ha sido una conjunción de lo que acabo de señalar. Por un lado han comenzado a gestionar mejor sus recursos internos, adelgazar estructuras y por otro lado, ponerse más aún si cabe al servicio de sus clientes, aceptando condiciones de trabajo y de cobro que en años anteriores sería impensable. Y los que no han querido o no han podido hacer esto, simplemente han desaparecido.

Afonvi lleva tiempo denunciando el alto número de empresas que trabajan de manera ilegal en Bizkaia en su sector. ¿Cuál es la realidad actual?

Peor que la de hace tres años. Muchas de las empresas han tenido que cerrar o reducir plantilla. Esos trabajadores despedidos, que en su mayoría no tenían formación, ¿a qué se van a dedicar al salir de esas empresas si no saben hacer otra cosa? Capitalizan el paro y se ponen a trabajar de lo que saben. Saben trabajar pero no conocen todas las repercusiones que tiene el hecho de montar una empresa. Si a esto le sumamos que con la entrada de la directiva de servicios, la administración parece que ha encontrado el argumento perfecto para purgar sus propias quejas, la consecuencia es que tenemos un sector carente de sistemas de control e inspección. En los escasos supuestos que estamos viviendo de control por la administración en materia de seguridad industrial, son controles donde casi sin necesidad de hacerlos se sabe que todo va a resultar correcto, puesto que nos están controlando a los que estamos delante de la administración sin tener nada que ocultar. Desde la asociación hemos avisado y seguimos avisando de este fenómeno que tiene una repercusión importantísima, que es la de la calidad de las instalaciones.

¿Qué implica que haya empresas que se dedican a trabajos de instalaciones de fontanería y afines y no están dadas de alta en el Registro de Industria?

La implicación directa es que existe un gran número de empresas que no se rigen por las mismas normas que las que sí están en el registro industrial. Esto es, no estar en el registro significa no haber realizado la declaración responsable de la actividad correspondiente, con lo que no tienes por qué tener al menos un carné profesional, un seguro de responsabilidad civil en unas cuantías determinadas, una relación de herramientas, un local habilitado para el ejercicio de la actividad, entre otras cosas, con lo que tienes una serie de ventajas con respecto a quienes sí están dados de alta en el mencionado registro. Hay una mayoría de empresas en el sector que piensan que sólo te debes de dar de alta si tramitas documentación con la administración. Para solventar este problema buscan alguien que les solucione esos “papeleos” en momentos puntuales. No perdamos de vista que esto no debiera ser así, que para el ejercicio de la actividad es obligatorio el registro, independientemente de si hay que tramitar o no documentación en la administración.

¿Por qué se prestan a ello las empresas legales?

Es dinero fácil. Por echar un garabato te pagan 150 euros que al final, como no pasa nada, pues todos contentos. El problema de fondo es que no tengo claro si el usuario es consciente de la situación que se le genera. Esto es, una empresa le ejecuta el trabajo y otra le firma como que lo ha hecho, si algún día pasa algo, ¿a quién va a reclamar el usuario? Entiendo que al final el usuario irá a por quien tiene algo firmado, con lo que según cuál sea la reclamación del usuario, caros le han salido los 150 euros saliéndose de rositas el que ha hecho la instalación. Pero como casi nunca pasa nada, pues así estamos.

¿Tienen alguna responsabilidad las grandes distribuidoras de la situación, consintiendo este tipo de actuaciones?

Totalmente, y lógicamente en su favor. Es mayor y más grave la competencia que nos están haciendo las suministradoras por encima de la de los pequeños ilegales. El mapa de actividad según datos que manejamos a fecha de hoy en el mercado de las instalaciones se reparte en un 60% para las suministradoras y su cada vez más reducido grupo de empresas colaboradoras, en torno al 16% para los ilegales y el 24% para el resto del colectivo que cumplimos estrictamente con todo aquello con lo que se nos exige.

Recordar que el negocio de las suministradoras es la venta de energía, gas en nuestro caso, tienen una responsabilidad en dos sentidos fundamentalmente que convergen en su beneficio, siempre con el beneplácito de la administración que es quien les dio la potestad en su momento.

Por un lado, el control de las instalaciones, cuando la venta y el control están enfrentados en las instalaciones, la suministradora opta por la venta del contrato al cliente. De esta manera, prima el poder de vender al hecho de la seguridad industrial de las instalaciones y del usuario. Para poder hacer esto se escudan en que el responsable de la instalación es durante los primeros cuatro años de vida el instalador y a partir de aquí, el propio usuario, con lo que la suministradora sale indemne en cualquiera de los casos.

Por otro lado, la posición dominante que el mercado le otorga a una parte interesadísima del mercado. Conociendo los datos de suministro, de cliente, de nuevas redes, del estado de las redes actuales, al final les permite ofrecer una serie de servicios a los clientes de sus redes al cual el resto del sector no podemos acceder al carecer de la información de dónde y quiénes son esos clientes potenciales. Hoy por hoy, las suministradoras ofrecen desde servicios de mantenimiento de equipos, hasta de instalaciones, contra incendios y  cerrajería entre otros muchos más.

El problema de fondo no es el hecho de que toda esta información, control y potestad no lo tengan los instaladores, el asunto radica en que la administración tampoco la tiene, ya que en las instalaciones de menos de 70 Kw, la mayoría, este tipo de instalaciones no pasan por manos de la administración, con lo que instaladores, fabricantes de equipos, mantenedores y la propia administración, estamos en manos de las distribuidoras y de sus ocurrencias. Se puede decir que la administración ha puesto al zorro a cuidar de las gallinas.

¿Cómo afecta al resultado final de un trabajo de instalación este tipo de actuaciones irregulares? ¿El principal perjudicado es el cliente final?

Malos acabados, riesgos de fugas, alta siniestralidad del sector. En definitiva el cliente final es el que se encuentra desprotegido ante la situación en la que estamos, puesto que ante situaciones desagradables puede ser que en quien ha confiado para la ejecución de una instalación puede ser alguien que no cumple con los requisitos mínimos exigibles.

Hay que hacerle consciente al usuario que el responsable de la instalación y de a quien contratar es él mismo, por lo que no puede tomar esa decisión sin referencia alguna, ni tan a la ligera mirando como único parámetro válido el precio.

¿Cómo está actuando la Administración frente a estas empresas? ¿Qué medidas reclaman que adopte para atajar esta situación?

De ninguna manera. A raíz de la denuncia pública que hicimos en 2010 sobre las empresas ilegales, la administración puso en marcha una campaña de auditorías que antes de que empezara ya dijimos que no iba a servir para nada. Por dos motivos, primero porque no lo estaba haciendo sobre los que no estaban en el registro industrial, y segundo porque sonaba más a escarmiento para los que lo habíamos denunciado y de cara al público decir que habían hecho cosas sin encontrar nada de lo que nosotros denunciábamos. 98% de trabajo para un 2% de resultado, siendo nuestra propuesta la de 20% de trabajo para un 80% de resultado.

Otra actuación tomada por parte de la administración que a nuestro juicio es incomprensible es la adoptada a consecuencia de una sentencia del supremo contra un decreto del Gobierno Vasco de 2009. Contado de manera rápida, para la revisión de instalaciones de butano-propano y ante la existencia de estafas al usuario por cambios de gomas, ante la mala calidad de este tipo de instalaciones, el Gobierno elimina el registro de empresas revisoras y les pasa esa competencia a la distribuidora. La distribuidora impugna y gana, por lo que la administración se ve obligada a tomar una decisión en este respecto. Pues bien la decisión pasa por darles la competencia a todas las instaladoras de gas habilitadas, de manera que no vuelve a recuperar la figura de la revisora de gas. Qué está pasando, pues que ahora es más fácil estafar al usuario final con el tema de las gomas de butano y por otro lado la administración no tiene ni idea de quienes están haciendo revisiones de gas en botellas.

Realmente lo que reclamamos son dos cuestiones básicas. Una, comunicación entre las administraciones de industria y hacienda para cotejar qué empresas están en hacienda que faltan en el registro industrial. Dos, recuperar por parte de industria el control de las instalaciones de gas de menos de 70 Kw, como han realizado hace dos años con las instalaciones de calefacción climatización.

Ante esta situación y otras tantas que nos parecen de escándalo que la administración no está haciendo, estamos consultando a nuestros asociados qué les parece que sea lo más adecuado realizar. Desde entrar de manera activa en la denuncia individual y colectiva, hasta pasarnos al lado ilegal como está la mitad del sector. Si contra ellos no se hace nada y nadie tiene intención de hacer cumplir la ley y que se dignen a cumplir la misma, propondremos a nuestros asociados pasarnos todos al lado ilegal.  Haciendo un símil de fácil entender por todos, no puede ser que unos jueguen al mus con 8 reyes y otros estemos con 4. Pues juguemos todos con 8 reyes. Hagámosle la competencia desleal a los ilegales, a ver si así somos capaces de eliminarlos del mercado.

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