“Hay que reorientar un modelo basado en la propiedad en otro centrado en el alquiler y la actuación sobre lo edificado”
Hace escasos meses que se ha hecho cargo de la Viceconsejería de Vivienda. ¿Cómo afronta esta nueva andadura profesional?
Personalmente, me siento muy honrada por la confianza que nos ha sido depositada. Pero sobre todo me siento enormemente responsabilizada por lo mucho que la sociedad espera y demanda de este Departamento, y en mi caso del área de Vivienda.
Los anunciados recortes del nuevo Ejecutivo vasco parece ser que afectarán en gran medida a la Viceconsejería de Vivienda. ¿Se conocen ya algunas cifras de este tijeretazo y cómo afectará a su departamento?
El programa de vivienda en 2013 experimenta una disminución del 37,5%, al pasar de 147.270.817 euros en 2012 a 91.999.848 en 2013. En términos consolidados, y al agregar al presupuesto del programa la capacidad de gasto e inversión de las sociedades públicas Visesa y Alokabide, el gasto conjunto a materializar en 2013 se eleva a casi 188,7 millones de euros, con más de 97 millones de euros destinados a inversiones directas o transferencias de capital para inversiones.
Con la actual crisis, algunos analistas anuncian que el modelo de vivienda protegida en propiedad está agotado, ¿comparte ese análisis?
El modelo está en crisis por la actual coyuntura económica y financiera, pero las crisis son también una oportunidad para introducir cambios que mejoren el estado de las cosas. En ese sentido, reorientar un modelo basado en la propiedad y la nueva construcción por otro centrado en el alquiler y la actuación sobre lo edificado a través de políticas potentes e intensivas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, sin duda constituyen nuevas oportunidades.
Parece que en los últimos años se ha producido un desequilibrio territorial en la ejecución de VPO, con Araba siendo la más beneficiada, mientras que Bizkaia y Gipuzkoa, con mayor densidad poblacional, no lo han sido tanto. ¿Cree necesario corregir esta distribución?
En las últimas legislaturas ligadas al boom inmobiliario, se actuó con especial intensidad en aquellas áreas territoriales más dinámicas en la creación de nuevos suelos edificables, perdiéndose la visión eficiente de la territorialidad medida en términos de demanda y necesidad de vivienda. Se han dado, por tanto, respuestas sobredimensionadas en territorios como el de Álava, y más concretamente, Vitoria-Gasteiz, que actualmente estamos padeciendo.
A tenor de los resultados, resulta evidente que resta mucho camino todavía en la búsqueda del equilibrio territorial vinculado a la demanda efectiva existente en cada ámbito territorial. Por ello, nuestro Departamento está dirigiendo sus actuaciones hacia los ámbitos de mayor demanda contrastada, mediante acciones coordinadas de rehabilitación, regeneración y alquiler de vivienda; actuando, en la medida de lo posible, en lo edificado frente a la nueva construcción e introduciendo siempre, los criterios de demanda y eficiencia de recursos.
Los promotores se quejan de que las reservas de suelo para VPO hacen inviable económicamente las promociones de vivienda. ¿Qué opinión le merece esta crítica?
Las reservas de Suelo se establecen en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, así como el Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos, que establecen los porcentajes y cuantías mínimas de las reservas de suelo con destino a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.
El precio del suelo, las obras de urbanización, la descontaminación del suelo, las nuevas normativas técnicas (código técnico), etc., conjuntamente con la disminución del precio de la vivienda libre, ha contribuido a que unidades de ejecución tengan difícil gestión en el mercado inmobiliario actual. Pero la crisis del sector no responde solo a cuestiones urbanísticas, también a cuestiones como la financiación, el desempleo y el precio de la vivienda.
La conclusión es que la posible adecuación de los estandares (reservas VPO), si bien pueden ayudar en situaciones como la actual, no son los factores determinantes para que sea viable la promoción de vivienda
En este sentido, ¿cree que una modificación de la Ley del Suelo podría incentivar la recuperación económica del sector de la edificación?
Como he señalado, los parámetros urbanísticos no son la causa principal, como se ha demostrado en etapas anteriores; sin embargo, las figuras de planeamiento, la gestión y tramitación en el tiempo sí pueden ser factores que sin ser determinantes, con la actual legislación no incentivan la recuperación económica.
El sector de la construcción es uno de los más afectados por la crisis económica. ¿Confía su departamento en que medidas como el fomento de la rehabilitación de edificios mejorará la situación del sector? ¿Qué iniciativas pretenden adoptar en esta materia?
El programa de vivienda contempla la iniciativa Renove-Rehabilitación incluida en el Programa de Reactivación del Empleo 2013-2016, constituyendo así la primera plasmación operativa de la apuesta programática en materia de rehabilitación. La iniciativa concentra todas las actuaciones en accesibilidad, rehabilitación, regeneración y renovación urbana, en un paquete integrado con el objetivo de incidir con efectos multiplicadores en la actividad económica del sector y en el mantenimiento y creación de empleo vinculado a este nuevo nicho de mercado que aglutina el futuro del subsector de la vivienda.
Los efectos cruzados de las ayudas públicas a la rehabilitación son de tal magnitud, que con una inversión ejecutada en 2013 de algo más de 14,5 millones de euros, esperamos incidir en la generación de una inversión privada de algo más de 244 millones de euros.
A través de sus instrumentos se pretende fomentar actuaciones de reforma de barrios y regeneración urbana de sus entornos (objetivo: 400 viviendas afectadas); subvencionar programas de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas (180 proyectos de planes y obras en accesibilidad), y subvencionar la rehabilitación de 15.000 viviendas centradas en fachadas y cubiertas de los edificios, instalación de ascensores y mejora de equipamientos, y las nuevas apuestas por la eficiencia energética en edificios que van a despuntar a partir de 2013. Asimismo, se subvencionará a las comunidades de propietarios para la realización de los informes de Inspección Técnica de Edificios y se pondrá en marcha el sistema de registro público y gestión de las ITES.
¿Qué valoración hace de la Inspección Técnica de Edificios que tienen que pasar obligatoriamente los inmuebles de más de 50 años?
La Ley de Ordenación de la Edificación y la Ley del Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Euskadi, establecen la obligatoriedad por parte de los propietarios de conservar y mantener adecuadamente los edificios.
La Inspección Técnica de Edificios es la primera fase de la conservación, que es el diagnóstico del estado del edificio de manera que el propietario sepa el grado de intervención que su edificio necesita para iniciar el proceso de reparación, conservación o mantenimiento que se necesite.
Por ello creo que es una herramienta fundamental para iniciar el proceso de conservación del edificio y también para conocer el estado del parque inmobiliario de Euskadi, lo que nos ayudará a la hora de confeccionar las políticas de vivienda y rehabilitación.
¿Promover nuevas políticas de viviendas en alquiler va a ser una de las principales iniciativas de la Viceconsejería de Vivienda?
Vista la necesaria contención en el programa edificatorio de nuevas viviendas de protección pública, la apuesta para impulsar el alquiler pasa necesariamente por el reforzamiento operativo de los programas de intermediación Bizigune y ASAP. El objetivo 2013 del programa Bizigune (de movilización de viviendas libres vacías hacia el alquiler), consiste en alcanzar 5.400 viviendas libres acogidas a este programa.
La renta máxima a pagar a propietarios de viviendas acogidas al programa no podrá ser superior a 450 euros/mes, frente a los actuales 600 euros/mes que tiene fijado Bizigune. El objetivo evidente es mejorar la eficiencia y sostenibilidad; se trata de hacer más con menos recursos, garantizando también una rentabilidad razonable sin riesgos a los propietarios, al asumir el Gobierno, en el marco del programa Bizigune, todos los compromisos de devolución de las viviendas en perfectas condiciones y pago directo a los propietarios de las rentas.
En este programa el Gobierno asume sólo el coste de los seguros por impagos de rentas y desperfectos en las viviendas. Finalmente, se establece otro objetivo consistente en lograr captar 80 viviendas adicionales a los parques en alquiler, mediante nuevas vías a explorar (acuerdos con promotores privados y entidades financieras para gestionar sus stocks).
Con todas estas actuaciones, se pretende alcanzar a final de 2013 un parque público en alquiler en manos de todas las instituciones públicas de 19.000 viviendas, con una cuota del parque público en alquiler sobre el total del parque protegido del 25%.
¿Cómo pretenden incentivar el programa Bizigune de alquiler de pisos vacíos?
El Departamento de Empleo y Políticas Sociales tiene como objetivo de gestión racionalizar los programas, revisar su eficacia y evaluar sus impactos. En este sentido, el programa Bizigune que se creó hace ya una década para hacer frente a una problemática concreta, en una época con un contexto presupuestario, y de precios de alquiler diferentes, debe necesariamente cambiar de parámetros para adecuarse a la situación actual.
La reducción de los precios de alquiler tiene su origen en la caída de precios en el mercado libre, la rentabilidad sin riesgo que aporta a los propietarios y la necesidad de emitir señales al mercado sobre el nivel de precios del alquiler. También se quiere adecuar el programa Bizigune a las condiciones del mercado en cada lugar. Por ejemplo, en Vitoria no tiene sentido hacer nuevas captaciones de vivienda cuando disponemos de vivienda propia vacía. El objetivo es como mínimo mantener el parque actual del programa.
