De aquellos polvos vienen estos lodos
Los Secretarios Generales de las Asociaciones de Excavadores de Aragón, Bizkaia y Cantabria (AEXAR, AVE-BIE y AEXCA), hemos querido trasladar una serie de reflexiones a la opinión pública, administraciones y empresas sobre la dramática situación que vive el sector, entendiendo que debe producirse un profundo análisis de cuáles han sido las causas que nos han conducido a la misma.
Se podría decir que la causa principal del cierre de innumerables empresas se ha producido como consecuencia de la desaparición de la obra privada, del nefasto descenso en la obra pública, de la inexistencia de financiación y de liquidez para nuestras empresas; pero, sin duda, las dimensiones y los efectos de la crisis, se han visto notablemente potenciados por la inacción, dejadez y falta de eficacia demostrada por los distintos Gobiernos y Administraciones para dar una solución real a los plazos y las condiciones de cobro en las que se ha desarrollado la economía de nuestras empresas en todos los sectores en general, y en el nuestro en particular.
No hicieron nada, miraron para otro sitio y, como consecuencia de ello, mientras en otros países las medias de pago real se situaban en los 50 o 60 días, en el nuestro estaban en los 180 o 210 en el mejor de los casos. No hicieron nada, y no fue porque no se les pidió desde las organizaciones empresariales hasta el hastío, no fueron y no fuimos serios y, ahora, vemos las consecuencias: morosidad, desaparición de empresas, falta de liquidez, necesidad de financiación de los bancos, …. estamos en el primer puesto del pódium; eso sí, en paro, en desempleo, arruinados, ….
Pero, ¿se está haciendo realmente algo para corregirlo? ¿Cobran y pagan las empresas en los plazos establecidos por ley? ¿Vela la administración para que la empresa, el autónomo que trabaja, cobre sus facturas? ¿Se está aprovechando la ocasión para cambiar radicalmente la situación? Son preguntas que debemos contestar cada uno de nosotros, cada uno de los empresarios, de los autónomos que lean este artículo.
En nuestra labor de atender los intereses generales de nuestros asociados y, por ende, del colectivo de la excavación y movimientos de tierra, nuestro deber como organizaciones empresariales es proponer lo que -entendemos- debe hacerse urgentemente ante esta situación:
– Establecer, de forma inaplazable, un régimen sancionador a los incumplimientos de la ley contra la morosidad en las operaciones comerciales y que la administración actúe de “oficio”, sin necesidad de que existan denuncias previas.
– Establecer en los pliegos de licitación de cada contrato normas para el control de documentos necesarios con los que el contratista demuestre que el subcontratista cobra según la Ley de Morosidad. Al igual que el subcontratista tiene que demostrar ante el contratista que se encuentra al corriente del pago con la Seguridad Social, Hacienda, empleados, etc., en este sentido la subcontratación debe ser también de interés para las Administraciones, en tanto ejecutores materiales de sus obras, de nuestras obras, de todos los ciudadanos.
– Se debe fomentar en los procesos de licitación la acreditación de la solvencia con medios externos, según lo establecido en el artículo 63 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (antes en el artículo 52 de la Ley), de forma que se pueda, en fase de solvencia, concretar el nivel de subcontratación para la ejecución de un contrato. De esta forma los subcontratistas aportados en fase de solvencia figurarán en el contrato a formalizar tras la adjudicación y no podrán ser sustituidos salvo causas excepcionales sobrevenidas.
La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública, establece que los estados miembros podrán disponer que los subcontratistas tengan la posibilidad de solicitar que el poder adjudicador les pague directamente los suministros, las obras y los servicios proporcionados al contratista principal en el contexto de la ejecución del contrato. También recoge la licitación por lotes, a fin de fomentar la participación directa de las pequeñas empresas en la obra pública. Estas dos medidas evidencian cierta sensibilidad a nivel europeo, de la que subyace la preocupación por la situación del subcontratista.
Instrumentos legales de este tipo vendrán a dignificar la figura del subcontratista, dignificación reclamada desde antaño por las organizaciones que representamos, escasas veces escuchada -que no oída- por los representantes políticos. Pues bien, esta sensibilidad es la que debe calar en los poderes políticos y legislativos estatales, siendo incluso más incisivos en el futuro proceso de trasposición de la citada Directiva.
A las propuestas anteriores, deberían adicionarse mecanismos de control en fase de ejecución a través de los órganos competentes -principalmente responsabilizando a los directores de obra- de que el adjudicatario de una obra ha puesto efectivamente los medios de todo tipo que invocó en su oferta y que esa disponibilidad no se presuma: caso de no ser así concurrirá en causa de resolución de contrato por pérdida de solvencia.
Como comentamos anteriormente, la Propuesta de Directiva recoge la posibilidad de que los poderes adjudicadores puedan realizar la división de los contratos públicos en lotes, con el fin de hacerlos más accesibles a las Pymes, y si no lo hacen deberán explicar de manera específica la decisión adoptada. Esto llevará a profesionalizar y dignificar la subcontratación, pudiendo crear estructuras empresariales estables, mantener puestos de trabajo y carteras de trabajo estable, y por ende, facilitar la “industrialización” del sector de la construcción.
En definitiva, y en la práctica, debemos aprovechar la situación de crisis como una oportunidad para cambiar. Cambiemos entonces lo que no hemos sido capaces de cambiar hasta ahora, asumiendo cada uno la responsabilidad que tenemos en dicha tarea, tanto a nivel político y legislativo, como a nivel empresarial y de organizaciones empresariales.
Roberto Loraque (AEXAR)
Andoni Pascual (AVE-BIE)
Juan Antonio Lantarón (AEXCA)
